Allanaron la casa del diputado provincial Germán Kiczka por una causa sobre distribución de pornografía infantil.
Agentes especializados en cibercrimen de la policía efectuaron esta mañana un allanamiento en la casa del diputado provincial de Activar Germán Kiczka, mano derecha de Pedro Puerta en la legislatura misionera.
El operativo está vinculado a los procedimientos ya realizados en marzo en viviendas de otros familiares directos, en el marco de la causa federal que los involucraría en la distribución de pornografía infantil.
En este contexto, se centraron en el secuestro celulares, computadoras y dispositivos que podrían contener material relacionado a pedofilia.
Además, como habíamos mencionado anteriormente, estos procedimientos se realizaron también en la casa de otros familiares como Leandro Kiczka y su hijo Sebastián Kiczka, los cuales son padre y hermano del diputado puertista.
Todo esto en el marco de una mega causa internacional que se había organizado hace dos años, a pedido de la embajada de los Estados Unidos, y la misma está encabezada por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Federal (MPF), de Caba, y la PFA.
Fueros y faltas graves
Hasta el momento, por su condición de funcionario público, Kiczka no puede ser detenido. Pero, se podría solicitar el desafuero para que vuelva a tener la competencia de un “ciudadano común”.
El referente de Activar tiene mandato hasta diciembre de 2025. Los fueros le permiten seguir con sus funciones de legislador. Sin embargo, el artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia establece un mecanismo en caso de “faltas graves”.
La legislatura podría quitarle los fueros, a pedido del Juez, para ser citado a declarar ante la justicia. Con la formación de una comisión interna dentro del Parlamento, los diputados pueden pedir al magistrado las pruebas relacionadas al caso. Y con ello, tomar una decisión que debe ser apoyada por una mayoría especial. Entre las sanciones, el diputado podría quedar expuesto a la suspensión o expulsión.
Durante el operativo, según informó Primera Edición, Kiczka intentó utilizar sus fueros para suspender el operativo. Fue el juez Farías quién informó al legislador que los fueros evitan la detención, pero no impiden los allanamientos de la Justicia.
Juez que investiga al diputado Kiczka por pedofilia notificó a la Legislatura de la causa
Luego del triple allanamiento realizado en Apóstoles el pasado martes a la mañana, el juez de Instrucción Miguel Ángel Faria notificó a la Cámara de Representantes de la provincia de la causa en la que se investiga a uno de sus miembros, el diputado del puertismo Germán Kiczka, por la comisión del delito de “publicaciones, reproducciones y/o distribuciones de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas” de pornografía infantil.
El oficio de Faria ingresó ayer a la Legislatura por el despacho de la Presidencia. Aunque el texto oficial se conocerá cuando deban tomar conocimiento los 40 diputados mediante el Boletín de Asuntos Entrados de la próxima sesión legislativa prevista para el 22 de agosto; trascendieron algunos conceptos que se habrían comunicado de manera oficial al Poder Legislativo provincial.
La investigación continuó en Misiones y no en la CABA, gracias a que -en abril pasado- el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad de Buenos Aires cedió parcialmente la competencia en Faria. De lo contrario, habría quedado enmarcada en la operación denominada “Guardianes Digitales por la Niñez”, a cargo de la Coalición de Rescate Infantil (CRC), en conjunto con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC).
Dicha operación trajo hasta Apóstoles la búsqueda de pedofilia cuando el padre y el hermano del ahora investigado cayeron por las mismas razones en la mira judicial.
El trámite interno
Mientras sigue la conmoción en los despachos legislativos por la gravedad de la causa por la que investigan al diputado de Activar, la Legislatura deberá aplicar el artículo 139 del Reglamento interno, el que indica: “En el caso que un diputado incurra en faltas más graves que las prevenidas en el artículo 136, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 90 de la Constitución Provincial. Resultando afirmativa, la Cámara nombrará una Comisión Especial de cinco miembros que actuará de acuerdo con las facultades concedidas por las normas y procedimientos vigentes y respetando los derechos y garantías constitucionales”.
El 136 alude a “alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia la Cámara y sus miembros”.
En este caso, al menos hasta ayer, no se pudo confirmar si Oscar Herrera Ahuad o algún otro legislador va a solicitar la utilización de lo prescripto por la norma constitucional de la provincia.
Tampoco se supo con qué urgencia el Parlamento misionero iba a abocarse al caso de Kiczka en el receso, razón por la cual debería analizarse la convocatoria a una sesión especial con esta finalidad.
Dos tercios
Ayer en los despacho de las Legislatura, a modo informal, desde los diferentes bloques fueron analizando qué postura adoptarían si se debe avanzar con una suspensión o expulsión para que pueda responder Kiczka ante la Justicia. Es que el artículo 90 de la Constitución Provincial estableció en su texto que “con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros podrá corregir con multa, suspensión y aún con la expulsión de su seno, a cualquiera de sus miembros por la inasistencia reiterada y contumaz o mala conducta en el desempeño de sus funciones, y removerlos por inhabilidad física o moral, sobreviniente a su incorporación. Pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir de la renuncia que voluntariamente cualquiera hiciere de su cargo”.
Hasta el pasado martes, el investigado sostuvo en un comunicado que no renunciará y que sí se pondrá a disposición de la investigación.
Entonces, si es interés del Frente Renovador cualquier tipo de sanción, deberá conseguir al menos 27 votos para conformar los dos tercios, sobre los 40 que componen la Cámara de Representantes.
Hoy, podría tener asegurados entre 26 y 27 escaños ya que cuenta con los 25 propios del espacio conducido por Martín Cesino (aunque se duda sobre la continuidad de la “camionera” Silvia Rojas en continuo uso de licencia por razones de salud); y dos aliados excamporistas que forman parte del bloque Frente Encuentro Popular Agrario Social para la Victoria: Santiago Mansilla y Martín Sancho.
Debería poder sumar al PAyS con dos votos (Blanca Alvez y Cristian Castro); o alguno de los 5 radicales o 4 del PRO.
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