Tras el reordenamiento político, el Gobierno provincial comienza a mostrar un cambio más profundo: una nueva forma de gestionar, con mayor protagonismo del territorio, menos centralidad administrativa y un Estado que busca responder con más eficiencia a las demandas de los misioneros.
“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.” La frase de El Gatopardo suele usarse para describir una política que cambia de maquillaje para que, en el fondo, nada cambie. Durante décadas sirvió para explicar gobiernos que reemplazaban nombres, repartían cargos y reacomodaban piezas sin alterar el funcionamiento del poder. Lo que empieza a verse en Misiones, en cambio, parece recorrer el camino inverso.
Los movimientos de las últimas semanas no apuntan solamente a reorganizar un espacio político. Buscan reorganizar la forma de gobernar. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, merece ser observada. Porque la política siempre mira el calendario, pero la gestión no puede darse ese lujo.
Después de un período marcado por la redefinición de liderazgos y el reordenamiento del oficialismo, el eje parece haberse desplazado. La discusión dejó de girar exclusivamente sobre quién ocupa cada lugar para empezar a concentrarse en cómo hacer que el Estado funcione mejor. Una cosa es reorganizar el poder. Otra muy distinta es reorganizar el Estado.
La reestructuración del gabinete anunciada esta semana difícilmente pueda entenderse como un simple cambio de nombres. Reducir ministerios, fusionar áreas e integrar organismos bajo una misma conducción responde a una lógica que Hugo Passalacqua viene insinuando desde hace meses: menos compartimentos estancos y más coordinación entre quienes tienen la responsabilidad de gestionar. Dicho de otro modo: que los ministros no trabajen como islas.
También hay una señal política en los nombres elegidos. La incorporación de Julio Barreto y Matías Vilchez, dos que hasta hace unos días gestionaban sus municipios desde el sillón de intendente, precedida semanas atrás por la llegada de Carlos “Kako” Sartori a la coordinación del gabinete, parece responder a un mismo criterio. No se buscó solamente dirigentes con volumen político. Se convocó a personas acostumbradas a administrar, convivir con presupuestos ajustados y resolver problemas concretos. Un intendente sabe que los vecinos no preguntan por organigramas ni por competencias administrativas. Preguntan cuándo se arregla el camino, cuándo vuelve el agua, cuando llega el médico o cuándo se destraba un expediente. Esa experiencia cotidiana, al parecer, empezó a cotizar distinto.
La misma lógica volvió a verse pocos días después en San Ignacio. La cuarta reunión del gabinete con casi cuarenta intendentes fue bastante más que una actividad institucional. Ratificó un método de trabajo que empieza a consolidarse. Durante años, buena parte de la administración provincial funcionó con una fuerte centralidad en Posadas. Hoy la apuesta es distinta: que sean los ministros quienes recorran los municipios, escuchen directamente a los jefes comunales y construyan soluciones sobre el territorio.
Passalacqua definió a los intendentes como “el vehículo para llegar al millón y medio de misioneros”. No fue solamente una frase política sino que define un modelo de gestión donde los municipios dejan de ser ejecutores para transformarse en socios permanentes de la administración provincial. Eso explica por qué la experiencia territorial comienza a convertirse en un criterio de gobierno y no únicamente en un capital electoral.
La semana dejó otras señales que acompañan esa misma dirección. Mientras buena parte de las provincias sigue administrando la incertidumbre provocada por la caída de recursos nacionales, Misiones volvió a anunciar aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad, jubilados y retirados, además de mantener abiertas las mesas de negociación con otros sectores de la administración pública. Los gremios, claro, seguirán reclamando porque esa es su función. Pero existe una diferencia importante entre discutir si un aumento alcanza y no tener absolutamente nada para discutir. La previsibilidad también forma parte de una forma de gobernar.
Lo mismo ocurre con la obra pública. Mientras el Gobierno nacional decidió retirarse prácticamente por completo de ese terreno, la Provincia continúa construyendo viviendas, sostiene proyectos con recursos propios y busca financiamiento internacional para recuperar obras paralizadas. No se trata solamente de ladrillos. Cada obra moviliza empleo, proveedores y actividad económica en un contexto donde la inversión pública nacional prácticamente desapareció.
La decisión de aliviar la carga tributaria sobre el ingreso de mercaderías también puede leerse desde esa perspectiva. Reducir tiempos, simplificar procedimientos y mejorar la competitividad no son anuncios espectaculares. Son decisiones administrativas que terminan teniendo impacto sobre quienes producen y trabajan. Incluso aparecen señales de esa búsqueda en áreas que rara vez ocupan los titulares: la planificación frente a un eventual fenómeno de El Niño, la coordinación para prevenir incendios forestales o el programa de conservación del mono carayá rojo responden a una misma lógica: anticiparse antes que improvisar.
Ninguna de esas medidas, por sí sola, resolverá los problemas que enfrenta Misiones. La economía sigue condicionada por un escenario nacional complejo. La caída de los recursos obliga a administrar prioridades y muchas demandas sociales continúan esperando respuestas. Reorganizar un gabinete tampoco garantiza automáticamente una gestión más eficiente. Pero sí empieza a delinear un cambio de estilo.
Durante mucho tiempo, buena parte del análisis político sobre Misiones estuvo dominado por las internas, los liderazgos y las especulaciones electorales. Hoy el oficialismo parece intentar desplazar esa conversación hacia otro lugar: que el debate deje de ser solamente quién conduce para empezar a discutir quién resuelve. Los liderazgos se construyen con política. La legitimidad, con el tiempo, se sostiene con gestión.
Los ministerios pueden cambiar de nombre. Los organigramas pueden simplificarse. Incluso pueden renovarse equipos completos. Nada de eso garantiza mejores resultados. Lo único que termina legitimando una nueva etapa es que la gente advierta que el Estado llega antes, responde más rápido y resuelve mejor. Porque los gobiernos no inauguran una etapa cuando anuncian cambios. La inauguran cuando esos cambios empiezan a sentirse en la vida cotidiana. Y eso, para variar, no se decreta. Se construye.
Por Sergio Fernández