Entre los primeros arrepentidos del experimento libertario y un problema tan básico como el servicio de agua, que vuelve a poner a la política frente a sus responsabilidades, el clima social empieza a cambiar. Cuando las promesas chocan con la vida cotidiana —los precios, los servicios públicos, la gestión— aparecen las dudas, las explicaciones tardías y la incómoda sensación de que las soluciones que parecían simples en campaña nunca lo fueron tanto.
La política suele moverse entre grandes discursos y problemas muy concretos. A veces esos dos planos se cruzan. Hoy, en Argentina y también en Misiones, empiezan a aparecer señales de ese cruce: votantes que revisan en silencio sus entusiasmos recientes y ciudadanos que, mucho más cerca de sus casas, se preguntan quién se hace cargo cuando una acción tan simple como abrir canilla, deja de ser algo seguro. Entre los arrepentidos del experimento libertario y el viejo dilema de cómo gestionar servicios esenciales como el agua, vuelve a instalarse una discusión tan antigua como necesaria: qué se promete en la política y qué se cumple cuando llega la hora de gobernar.
Hay una escena clásica en Don Quijote de la Mancha que siempre vuelve cuando la política entra en su fase de desilusión. Don Quijote arremete contra los molinos, convencido de que son gigantes. La épica dura poco: cuando el polvo se asienta, lo que queda es la evidencia de que la realidad nunca fue la que el héroe imaginó. Algo parecido empieza a ocurrir en la Argentina de Javier Milei. A casi dos años de gobierno, comenzaron a aparecer los arrepentidos.
No se presentan como tales, claro. Nadie hace una autocrítica pública demasiado explícita. Pero se nota en los silencios, en las conversaciones privadas y en ese pequeño gesto político de dejar de nombrar al presidente con el entusiasmo de antes (casi nadie se refiere a él como el León). Algunos incluso ensayan una coartada retrospectiva: dicen que ya sabían hacia dónde iba el proyecto libertario, que nunca se hicieron demasiadas ilusiones. Es una forma elegante de corregir el voto sin admitir el error.
El fenómeno tiene una explicación bastante simple. Sacar del poder a un espacio político que había gobernado durante años —el kirchnerismo— parecía una necesidad para muchos sectores de la sociedad. El problema es que el reemplazo terminó siendo más caro de lo que imaginaban. Y el antecedente no debería haber sorprendido a nadie. El paréntesis de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 ya había demostrado que la lógica de gobierno no era tan distinta de la que se prometía combatir. Cambiaban los discursos, cambiaban los nombres, pero el funcionamiento del poder se parecía y se parece todavía, demasiado.
La promesa libertaria, en cambio, fue mucho más radical. Se habló de terminar con la casta, de liberar las fuerzas productivas, de terminar con los privilegios y de abrir un nuevo ciclo económico donde el mérito reemplazaría a la prebenda. La realidad empieza a mostrar algo distinto.
La casta, lejos de desaparecer, sigue vivita y coleando.
Y el modelo económico que se consolidó en estos meses parece tener beneficiarios bastante específicos. La libertad económica que se declama desde la Casa Rosada funciona sobre todo para quienes exportan. El caso de la carne es un ejemplo evidente. En los últimos meses el precio aumentó cerca de un 40%. En Posadas, por ejemplo, una cadena de supermercados que se presenta como modelo de negocios misioneros, pero cuyos dueños son de Formosa, vende el kilo de peceto a 35 mil pesos, la pulpa sin hueso a 27 mil, la bola de lomo a 25 mil y la carne
de primera sin hueso a 32 mil pesos, según reveló el portal Misiones Opina.
La ecuación es sencilla: para los productores resulta mucho más rentable vender al exterior que abastecer el mercado interno. La libertad del mercado funciona a la perfeción, siempre y cuando uno esté del lado que gana con esa libertad.
Algo similar ocurre con la apertura comercial. Mientras se multiplican los productos importados, especialmente desde China, algunas industrias locales empiezan a sentir el impacto. El caso emblemático es el de Fate, una de las fábricas de neumáticos más emblemáticas del país, que quedó expuesta a una competencia externa difícil de sostener en las condiciones actuales.
El resultado empieza a generar incomodidad en sectores que hace apenas un año celebraban el experimento libertario. Por eso los arrepentidos no hablan demasiado. Prefieren la prudencia. Bajan el volumen. Dejan de repetir mandatos. Y esperan que el clima político cambie lo suficiente como para revisar posiciones sin quedar demasiado expuestos.
La política argentina tiene memoria corta, pero la realidad económica suele ser bastante más persistente.
En este contexto, además, hay una fecha que obliga a pensar con más cuidado. Este año, en unos días, se cumplen cincuenta años del inicio de la dictadura más sangrienta de la historia del país. Medio siglo después, recordar el valor de la democracia no es un ejercicio retórico. Es una necesidad política concreta.
Porque cuando los modelos económicos generan exclusión masiva, tarde o temprano aparecen las protestas. La historia argentina lo demuestra una y otra vez. Cuando la vida cotidiana se vuelve insostenible, la sociedad gana las calles.
Y cuando eso ocurre, los gobiernos tienen dos caminos: escuchar o reprimir.
Si el rumbo económico no cambia, es probable que esa tensión se profundice. Y sostener este modelo, frente a una sociedad cada vez más golpeada, puede empujar al gobierno nacional hacia un terreno peligroso: el de la violencia como respuesta política.
Tal vez por eso empiezan a aparecer los arrepentidos.
Porque después de los discursos, después de las promesas y después de los gigantes imaginarios, siempre llega el momento en que los molinos vuelven a ser molinos. Y la realidad, como en la novela de Cervantes, termina imponiéndose sobre la fantasía.
El agua y la política
En la política misionera hay una sensación que empieza a repetirse en voz baja: gobernar en estos tiempos se parece más a administrar tensiones que a inaugurar soluciones. El Frente Renovador de la Concordia, en su etapa Neo, enfrenta hoy ese desafío. Sostener una gestión provincial atravesada por los ajustes del gobierno nacional mientras intenta mantener un vínculo razonable con una sociedad que ya llega cansada.
Hay decisiones que funcionan bien en el plano comunicacional. La reducción de estructuras administrativas, anunciada por el gobernador Hugo Passalacqua, por ejemplo. Catorce secretarías menos en el organigrama provincial es un gesto que busca transmitir austeridad en tiempos difíciles. Algo similar ocurre con el discurso del intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, que insiste en la eficiencia como brújula de gestión.
El problema es que esas señales todavía no terminan de mover el humor social.
Porque hay un doble enojo flotando en el ambiente. Por un lado, el malestar tradicional con la política. Por otro, una frustración más reciente: haber apostado por un dirigente que prometía no ser político y que terminó decepcionando a buena parte de quienes lo votaron. Esa mezcla produce un clima difícil de leer y todavía más difícil de administrar.
En ese contexto apareció un problema tan concreto como sensible: el agua potable.
Desde el inicio del verano, la empresa Servicios de Agua de Misiones (SAMSA), se convirtió en tema cotidiano en las conversaciones de vecinos, comercios y barrios enteros. Las quejas se repiten: baja presión, agua turbia, cortes prolongados y, para completar el malestar, facturas con aumentos que muchos consideran desproporcionados.
En varios casos los usuarios denuncian algo todavía más irritante: que les cobran consumos que nunca realizaron, sencillamente porque durante días enteros el agua no llegó a sus casas.
Y ahí aparece la política.
El organismo encargado de controlar la prestación del servicio es el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC). Desde allí las respuestas no lograron calmar el malestar. Su presidente, Soledad Balán, concedió algunas entrevistas para explicar la situación, pero lejos de descomprimir la tensión, en muchos casos terminó alimentando la bronca de los usuarios.
Balán admitió que se detectaron casos de sobrefacturación y que se iniciaron reclamos a la empresa. Pero para quienes llevan semanas con problemas en el servicio, la explicación sonó insuficiente. Cuando el agua falta o llega turbia, cualquier argumento técnico pierde eficacia frente a la experiencia cotidiana de abrir la canilla y encontrarse con nada.
El problema, además, tiene una raíz histórica.
El servicio de agua potable en esta parte de la provincia está privatizado desde el 1 agosto de 1999. Fue durante los últimos meses del gobierno de Ramón Puerta, cuando privatizar empresas públicas era una política que acompañaba el clima de época del Carlos Menem.
Ese año dejó de existir la Administración Provincial de Obras Sanitarias (APOS), que durante décadas había sido responsable del servicio. En su lugar surgieron dos estructuras: SAMSA, como concesionaria privada para Posadas y Garupá, y el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento(IMAS), encargado de prestar el servicio en el resto de las localidades que no cuentan con cooperativas.
La lógica de aquella decisión fue simple: si el servicio estatal funcionaba mal, algo queobjetivamente sucedía, la privatización podía ser la solución.
Hoy, más de dos décadas después, el dilema vuelve a aparecer. Porque en 2029 vence la concesión de SAMSA y la política deberá tomar una decisión que no será menor: renovar el contrato con una empresa privada o recuperar el control estatal del servicio para Posadas y Garupá.
Y ahí entra en escena una idea que Roberto Fontanarrosa describió con su habitual ironía cuando describía las charlas entre amigos en el mítico café El Cairo, en la Mesa de los Galanes, una suerte de filosofía de la pelotudez.
Para el genial escritor rosarino, todos son brillantes comentaristas en una mesa de café, suspersonajes así lo reflejaban. Trasladado a la política, en un bar, con un cortado de por medio, cualquier discusión parece fácil de resolver. El problema aparece cuando hay que pasar del comentario a la gestión.
La política no está exenta de ese riesgo.
Hay dirigentes que analizan la realidad con lucidez, que describen los problemas con precisión y que en una entrevista, en una charla de sobremesa o en un reel de Instagram, parecen tener todas las respuestas. Pero cuando llega el momento de gestionar, cuando la teoría debe transformarse en decisiones concretas, muchas veces quedan en offside.
Y los ciudadanos lo perciben.
En un clima social cargado de enojo, con servicios que fallan y con la sensación general de que nadie termina de hacerse cargo, siempre aparece el mismo riesgo: que los platos rotos terminen pagándose en las urnas. Porque en política, igual que en la vida cotidiana, la paciencia de los usuarios también tiene fecha de vencimiento
Por Sergio Fernández
