Arjol y Klipauka votaron a favor de la eliminación de la educación pública

El “no” a la educación pública de los libertarios misioneros. El Juez Lijo desarmó un intento de operación judicial de diputado misionero del PRO. El veto libertario contra los universitarios. “Solo van a quedar las universidades privadas”, festejan desde la Casa Rosada.

El Juez Lijo desarmó un intento de operación judicial

El legislador Miguel Nuñez quedó envuelto en una polémica luego de que el Juez Federal Ariel Lijo desestime por “infundada” una presentación realizada por el dirigente del PRO, con el patrocinio del abogado Fernando Acosta.  Según la Justicia Federal, la denuncia no aportaba ninguna prueba y por tal motivo el magistrado ordenó el archivo de las actuaciones. Se trata del segundo revés judicial del letrado de las asociaciones rurales.

El pasado 2 de octubre, el Juez Federal Ariel Lijo que subroga interinamente el juzgado de Canicoba Corral, desestimó una denuncia penal presentada por el diputado del PRO Miguel Nuñez, por infundada.

Luego de argumentar la falta de consistencia, producto de la falta de pruebas, el magistrado resolvió “Archivar la presente causa N°3235/24 por no poder proceder, en los términos del Artículo 180 -in fine- del Código Procesal Penal de la Nación”.

El 13 de agosto, el diputado Nuñez se había presentado en Comodoro Py junto al abogado Acosta, conocido en este último tiempo por impulsar numerosas denuncias contra el Estado misionero.

La presentación de la denuncia fue acompañada de una fuerte acción de instalación del tema desde las redes sociales y a través de algunos periodistas reconocidos por hacer lobby regularmente a favor de los grandes jugadores del sector de campo.

El juez Lijo expresó en su resolución que “la puesta en marcha de una investigación penal en un Estado de Derecho, demanda la existencia de una sospecha suficiente, indicativa de la comisión de un delito determinado”. Lo cierto es que la ausencia de este elemento sugiere lo que en doctrina se denomina “excursión de pesca”, con la consecuente asignación de recursos que demandaría la realización de una búsqueda sin pruebas ni hechos concretos para investigar.

La falta de pruebas conducentes en la denuncia impulsada por el diputado del PRO llevó a que el Juzgado Criminal y Correccional 6 solicite al SENASA informes respecto a la comercialización de un bioherbicida por parte de la empresa Agrosustentable.

Nuñez había solicitado una inspección a la empresa instalada en el Parque Industrial de Posadas para realizar la verificación respectiva. Al respecto, el director de Estrategia y Análisis de Riesgo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Esteban José Sampietro, fue contundente en su informe al concluir que “en las inspecciones no se halló el producto denunciado”.

Frente a la falta de pruebas, el fiscal de la causa manifestó que “… si bien Nuñez referenció la existencia de una serie de sucesos a analizar, lo cierto es que los mismos no se encuentran apoyados en elementos objetivos, motivo por el cual la generalidad en que se basa la denuncia determina la imposibilidad de impulsar la investigación”.

La decisión del juez Lijo se apoyó en la postura del fiscal afirmando que “la ausencia de precisiones que se plantea en el caso se presenta como un obstáculo a la hora de circunscribir una plataforma fáctica que posibilite sugerir y ordenar medidas de prueba con cierta probabilidad de éxito o encauzar el legajo respecto a una hipótesis delictiva concreta, en contraposición con la búsqueda general y sin sustento que se propiciaría con el impulso de la investigación en estas condiciones”.

Se agrega en el expediente, respecto a la falta de consistencia de la denuncia que “de la misma manera, Nuñez sostuvo que aquel producto habría sido adquirido con fondos del FET, es decir, con fondos recaudados por el Estado nacional, lo que indicaría una compra efectuada desde el Ejecutivo local, aunque aquella información surgiría de los dichos de una funcionaria del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, de la que no se proporcionó dato alguno, es decir, la fuente de esa afirmación tampoco se conoce, imposibilitándose la obtención de mayores elementos que brinden sustento a lo denunciado”.

El magistrado porteño concluyó: “de este modo, se advirtió que una denuncia igualmente genérica dio inicio al lega EX2024-75568723-APN-DGTYA#SENASA -cuyo objeto se fijó en la presunta comercialización de un producto fitosanitario en condicones irregulares-, aunque los resultados de las medidas de prueba allí desplegadas tampoco aportaron a la presente elementos que permitan concretizar las hipótesis denunciadas y/o brindarles sustento”.

Acosta, el abogado de las denuncias sin pruebas

La resolución del juez Lijo, muy cercano al presidente Javier Milei, no es el primer revés judicial que recibe el polémico letrado misionero Fernando Acosta. Días atrás, había patrocinado a un grupo de productores que intentaron impulsar una medida cautelar contra el Gobierno provincial por la Ley de Promoción de Bioinsumos. Asesorados por Acosta, los productores apuntaron contra las autoridades provinciales y contra el SENASA. El planteo de los representados por el controvertido abogado apuntaba a la prórroga de la aplicación de la legislación que establece la transición hacia el uso de productor orgánicos para abandonar por completo el uso de glifosato en las chacras misioneras en el año 2029. Los accionantes sostenían que era el SENASA quien  debía ratificar este tipo de regulaciones y que no corresponde a la legislación provincial.

Lo cierto es que la medida cautelar fue desestimada por el Juez Federal de Oberá Alejandro Gallandat. En diálogo con la prensa, el magistrado informó que se trataba de “una medida cautelar autónoma, en principio iniciada por varios productores”. En la misma, los demandantes manifestaban que la ley que establece la obligatoriedad del uso de bioinsumos significaba un atentado contra sus actividades agropecuarias. Sin embargo, consideró que no existían razones suficientes para que prospere la medida: “lo que buscaban era algo que en este momento no tiene actualidad ni vigencia”.

El juez Gallandat argumentó que los jueces federales tienen que expedirse cuanto hay un conflicto, cuando hay realmente una controversia. “En este caso, no había conflicto y esa fue una de las razones por las cuales fue rechazado”.

El magistrado enfatizó en que las medidas cautelares autónomas funcionan para situaciones de urgencia en las que “debe estar muy clara la verosimilitud del derecho”. Esto quiere decir que los posibles agravios se tienen que comprobar para, de esta manera, evitar un “perjuicio irreparable”.

De esta forma, el abogado misionero Fernando Acosta, quien además es profesor universitario, queda en el centro de la polémica tras haber prestado su asesoramiento técnico tanto al diputado del PRO Miguel Nuñez como al grupo de productores, en demandas que no contaban con elementos probatorios y tampoco se ajustaban a los presupuestos legales establecidos por la normativa vigente para que puedan prosperar las causas.

Veto libertario

La Cámara de Diputados de la Nación convalidó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento de las universidades públicas, con la abstención de los cuatro legisladores misioneros de Innovación Federal, los renovadores Carlos Fernández, Yamila Ruíz y Daniel Colo Vancsik, y el peronista Alberto Arrúa; y los votos al oficialismo del radical Martín Arjol, la libertaria puertista Florencia Klipauka y el macrista Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.

La sesión ordinaria especial, que había sido solicitada por todos los bloques ni bien se conoció el veto presidencial la semana pasada, comenzó minutos después de las 11:00 y se extendió por más de cuatro horas.

En el trascurso del debate se escucharon las posiciones a favor y en contra de lo establecido en la ley 27.757, impulsada por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y sancionada el 12 de septiembre pasado, que Milei vetó la madrugada después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del miércoles de la semana pasada y cuyo Decreto 879/24, se publicó la mañana siguiente.

Con 160 votos a favor de la ley, 84 por el veto y 5 abstenciones, la oposición no logró los dos tercios de los 249 legisladores presentes, necesarios para bloquear la iniciativa del gobierno, que volvió a garantizarse el blindaje con el apoyo de los “radicales con peluca”, como el misionero Arjol, y del bloque del PRO, que rechazó la ley luego de la reciente conversación que mantuvo con Milei el ex presidente y fundador del partido amarillo, Mauricio Macri.

El voto de los diputados misioneros fue un calco de la sesión del 11 de septiembre, que convalidó el veto presidencial a la ley que otorgaba un aumento del 8% a los jubilados, donde Innovación Federal se abstuvo, y Arjol, Klipauka y Bianchetti respaldaron el rechazo del gobierno.

La ocasión le valió a Arjol, que en junio había apoyado el aumento jubilatorio, una suspensión de la Convención Nacional de la UCR que conduce el diputado Facundo Manes, y que alcanzó también a los otros cuatro “radicales con peluca” que lo acompañaron: Mariano Campero, Federico Tournier, Pablo Cervi y Luis Picat.

Hoy, hubo siete diputados ausentes, por viaje o licencia: Oscar Zago (MID), Héctor Stefani (PRO), María Fernanda Ávila (Unión por la Patria), Jorge Ávila, Alejandra Torres, Ricardo López Murphy (todos de Encuentro Federal) y Fernando Carabajal (UCR).

El presidente de la Cámara, el libertario riojano Martín Menem, hizo uso de su voto, pese a que la situación no requería ningún desempate, y convalidó el ajuste en el presupuesto de las universidades nacionales.