“Se acabó la joda” para el Grupo Z

Las empresas de todo el país deberán implementar el Sube Nacional para seguir cobrando subsidios al transporte. Piden investigar a una empresa del Grupo Z por “fraude”.

La ampliación presupuestaria sancionada recientemente por el Congreso incluye una jugosa partida de 10.500 millones de pesos para distribuir entre las prestatarias de transporte urbano de todo el país en forma de subsidio. Pero para acceder a la parte que le toque de esa suma, cada empresa deberá instrumentar el sistema Sube nacional, que a diferencia de su versión posadeña, sí funciona como controlador fiscal electrónico. La única empresa que tiene el sistema nacional en Misiones es Rio Uruguay en su servicio urbano de Apóstoles.

Todo indica que ahora sí el Gobierno nacional está decidido a obligar a las empresas de transporte urbano de pasajeros de todo el país a instrumentar el Sistema Único de Boleto Electrónico, más conocido como SUBE nacional.

Para acceder a los subsidios previstos en la ampliación del Presupuesto, las provincias deberán firmar una adenda al convenio firmado en junio. Los primeros dos puntos de esa adenda comprometen a las provincias a suscribir con las empresas de transporte bajo su jurisdicción un compromiso de adhesión al SUBE.

“Durante el presente año calendario, aprobar, celebrar y/o dictar las normas y actos administrativos necesarios  para la futura instrumentación del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (SUBE); y facilitar el cumplimiento de los cronogramas de implementación que el MINISTERIO DE TRANSPORTE oportunamente apruebe al respecto”, reza textualmente el agregado al convenio que ya firmó Santa Fe, apurada por destrabar la llegada de fondos nacionales.

Compromiso postergado

Durante los últimos dos años del Gobierno de Cristina Kirchner, la Nación intentó imponer el sistema de cobro electrónico en todas las provincias, porque entendía que era la única manera de controlar que los recursos que el Estado destina a subsidiar el servicio de transporte público efectivamente terminen beneficiando al pasajero.

Los empresarios del transporte interurbano de Posadas, Garupá y Candelaria se negaron a instrumentar la SUBE porque entendían que la Nación debería subsidiarles el costo de implementación del sistema, algo que no estaba previsto en los planes del Gobierno.

La excepción a la regla fue la empresa Rio Uruguay, que sí incorporó el SUBE nacional en su prestación de transporte urbano en Apóstoles. La misma empresa se hizo cargo luego de la firma Bencivenga, de Posadas. Su titular, Darío Skraviuk, afirma que también intentó incorporar a la empresa posadeña al sistema nacional, porque cobra comisiones más bajas que su alternativa local, el SUBE Misionero, pero no consiguió hacerlo.

Después llegó Macri, con un secretario de Transporte –Guillermo Dietrich- más atento a los intereses de algunas empresas y la obligación de migrar a la SUBE nacional se cayó de la agenda.

Lo que siguió fue la pandemia, y a causa de ella, un incremento sustancial en los subsidios nacionales al transporte como compensación por la caída en la cantidad de pasajeros transportados.

El nuevo Gobierno nacional accedió a los pedidos de las provincias, los municipios y las empresas entendiendo que había una emergencia y la única manera de preservar los servicios esenciales y evitar despidos, pasaba por incrementar los subsidios.

Pero desde un comienzo dejó en claro que no estaba satisfecho con el sistema heredado, tanto por la manera en que se distribuía el dinero, cuanto por la imposibilidad de llevar adelante en muchas jurisdicciones, un control minucioso de la cantidad de boletos vendidos por cada firma y propuso un replanteo de todo el sistema.

La buena noticia para Misiones es que ese replanteo llegaría con una visión más federal que desconcentraría los subsidios del AMBA, zona históricamente beneficiada por el reparto de dinero estatal.

Pero desde la administración que encabeza el ministro Mario Meoni, también se ocuparon de aclarar que la instrumentación del SUBE nacional no será optativa, porque entienden que es el único sistema que garantiza la transparencia.

Piden investigar a una empresa del Grupo Z por “fraude”

Es por los 50 colectivos y choferes que trajo de Buenos Aires a Misiones, que pertenecen a “Misión Buenos Aires”, propiedad de uno de los hermanos Zbikoski.

El accionar del Grupo Z le valió, apenas unos días atrás, la radicación de una nueva denuncia penal ante la Justicia Federal porteña contra la empresa La Central de Vicente López (LCVL), a cargo de uno de los hermanos Zbikoski, que opera con el nombre de fantasía “Misión Buenos Aires”.

El abogado Mario Laporta, a solicitud de la empresa Mayo SATA pidió que se investigue el traslado de los 50 colectivos de LCVL, junto con los choferes de los mismos, hasta Posadas para prestar servicio a nombre de Don Casimiro, que dirige Marcelo Zbikoski. Es por un presunto “fraude” en el cobro de subsidios para la prestación del servicio en territorio porteño (tanto por los micros como por los trabajadores) cuando en realidad se encuentran trabajando en Misiones.

Incluso, se sospecha y será materia de investigación, si esas unidades y choferes cobran también por el trabajo en la tierra colorada, con lo cual se percibiría un doble subsidio prohibido por las normas vigentes.

En la demanda a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, se acompañan los números de las patentes de las unidades traídas a Misiones como fotografías trabajando para líneas del transporte urbano y del Sistema Integrado Metropolitano que une a Posadas con Garupá y Candelaria.

También está la nómina de choferes que viajaron más de mil kilómetros con las mismas.

Es una derivación de una de las tres causas que se tramitan en la Ciudad Autónoma (CFP 5396/2020), que contó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN la semana pasada, en la que se denunció una “licitación express dirigida hacia un oferente en particular (LCVL SA, que opera con el nombre de fantasía Misión Buenos Aires)”, según consta en el expediente donde se define quién se hará cargo de la Línea 141 de la CABA.

Todo lo que lamentablemente la Justicia de Misiones no investiga, se termina finalmente llevando a los estrados judiciales porteños donde las causas avanzan con allanamientos y elevaciones a juicio.

La SUBE, un elemento de control

Muchos de los elementos presentados por los denunciantes se obtuvieron gracias a la aplicación del sistema SUBE nacional, ya que el mismo reparte los subsidios por cantidad de colectivos de cada empresa, de choferes a su cargo y de los servicios asignados.

Algo que en Misiones sería imposible de transparentar, dado que el Grupo Z como los Gobiernos se resisten a aplicar el mismo en la provincia.

Cabe recordar que, con “bombos y platillos”, el Grupo Z hizo pública la llegada de medio centenar de unidades que supuestamente había “invertido” para mejorar las frecuencias y prestaciones, tras las múltiples quejas de vecinos de diferentes zonas del área metropolitana y la intimación municipal.

En las calles andan, desde entonces, las unidades de color gris y verde (inusuales en el transporte público de pasajeros) con figuras humanas y la leyenda “Al servicio de Don Casimiro” con el logo de la empresa “Misión Buenos Aires” de LCVL. La Central de Vicente López es titular de las líneas 61, 62, 114, 129 y 143, beneficiadas con el régimen de compensaciones tarifarias, es decir, subsidiadas para su funcionamiento por la Nación.

Cobran allá para trabajar acá o ¿cobran allá y acá?

En la denuncia penal aseguran que LCVL, “En su doble condición de prestadora de servicios por automotor y beneficiaria del régimen de compensaciones tarifarias, el pasado 2 de agosto dispuso el envió de 50 coches habilitados para los servicios en el AMBA a la ciudad de Posadas. Esas unidades de alta en la base de parque móvil de la CNRT son utilizadas para el cálculo de las compensaciones tarifarias y deben prestar servicio en las líneas en las cuales se encuentran habilitadas, caso contrario se produce un desequilibrio fraudulento en la balanza de las compensaciones de modo que si se presentan para el cálculo pero se destinan a otro lado, esa compañía recibe mayores fondos en detrimento de las otras”.

“LCVL manipuló así la metodología de compensaciones tarifarias que se viene aplicando para las líneas que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Transporte de la Nación, dejando para su computo los 50 vehículos enviados a otra jurisdicción”, se afirmó en el texto que analiza la Justicia porteña.

En Buenos Aires también se conoce el vínculo Z con el poder político. Así, se afirmó que “La firma que denunciamos (LCVL) es parte de un grupo empresario cuyo propietario es Marcelo Zbikoski (ya denunciado por los otros hechos), quien detenta el monopolio de líneas que prestan servicio en la ciudad de Posadas y sus localidades aledañas. En ese carácter y probablemente bajo el paraguas estatal (por su relación con el exministro Guillermo Dietrich), el pasado 2 de agosto y ante un requerimiento de la Municipalidad de Posadas relacionado con el hacinamiento que sufrían los usuarios de esa ciudad dispuso el traslado de 50 vehículos de transporte de LCVL habilitados en la CNRT bajo el código 2033 para las distintas líneas a Posadas. Esto lo hizo por cuenta propia y sin autorización alguna de las autoridades de Transporte”.

Seguidamente le advirtieron al juez y al fiscal federales que “… esto implica el falseamiento de los hechos que sustentan las compensaciones tarifarias, la denunciada defrauda al Estado utilizando los vehículos en otra jurisdicción”.

“Ponemos en conocimiento un fraude”

En manos de la Justicia federal porteña se encuentra el escrito de 13 carillas donde los denunciantes dijeron a los magistrados y funcionarios que:

• “… ponemos ahora a conocimiento del Tribunal y la Fiscalía un episodio concreto de fraude a partir del cual LCVL, simulando una situación fáctica, logra mantener compensaciones tarifarias que no le corresponden pues su estructura de costo incluye las unidades desafectadas (o mejor dicho, afectadas a la ciudad de Posadas) y esa falsedad le permite obtener más fondos que los correspondientes, desequilibrando la balanza en perjuicio de las demás empresas”.

• “Como aquí se denuncia, tenemos entendido que esas 50 unidades de transporte que LCVL se llevó sin dar de baja en los registros de la CNRT se encuentran habilitadas y son utilizadas en el cálculo de los costos de explotación del transporte urbano y suburbano de pasajeros por automotor de jurisdicción nacional de la Región Metropolitana, metodología que la beneficia y desequilibra fraudulentamente la balanza de las compensaciones tarifarias, que son claramente fondos públicos”.

• “… LCVL se beneficia manteniendo ilegalmente las 50 unidades de alta ya que eso le permite cobrar el costo 150 empleados que no prestan servicio y recibir el beneficio que significa tener vehículos de alta con una mínima antigüedad. Asimismo, dentro del cálculo de costos la metodología refleja una asignación por cantidad de vehículos habilitados y su antigüedad, por ese motivo las unidades que traslado LCVL a Posadas en su mayoría con dos o tres años de antigüedad incluso 0 kilómetro, no fueron dadas de baja del parque móvil de la CNRT y de esa manera se sigue recibiendo una asignación que no le corresponde en la distribución de las compensaciones tarifarias”.

• “… en la resolución 146 del pasado 29 de junio, el Ministerio de Transporte no solo reconoció los mayores costos del sistema sino que también la caída de los ingresos, por la necesidad de trasladar en las unidades una menor cantidad de pasajeros con la finalidad de cumplir con el distanciamiento social y es en ese contexto que LCVL, propiedad de Marcelo Zbikoski, decide disponer por su cuenta el retiro de 50 unidades de transporte para trasladarlas a otra jurisdicción donde recibirá por ese gesto una nueva compensación”.

• “Con esta medida LCVL no tenía necesidad de trasladar a los pasajeros en mejores condiciones dentro del AMBA a pesar de la pandemia ya que tenía asegurado el cobro los excedentes de dinero en su agrupamiento, donde también presta servicios la empresa La Nueva Metropol de sus hermanos Javier y Eduardo”.

Así como el Grupo Z ramifica sus negocios, a la par también ramifica su desmedida ambición. La diferencia es que en Buenos Aires pretenden ponerle límites que en Misiones nadie parece dispuesto a poner.