El abogado Mario Pérez Talamonti dijo en declaraciones al programa Seis Páginas TV que se emite por la señal de C6Digital que tanto a la ex diputada provincial María Losada como a él le llamó mucho la atención por la forma en que sucedió el ataque a la sede Misiones de la delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
“Sin tratar de ver fantasmas hay que abrir los ojos porque estas cuestiones son graves. En un organismo como el Inadi que tiene que investigar estos hechos de discriminación y de xenofobia y no solo con el caso de Losada, de violencia de género que fue ejercida contra ella”, expresó.
El letrado relató los avatares que tuvo el expediente “en donde metió la cola el diablo de la política”. “Un expediente que no había duda, que toda la prueba estaba dándole la razón a María Losada sobre todo por los hechos que había causado este señor (Germán) Bordón -ex legislador- en la Cámara de Diputados de la provincia y la violencia que había ejercido sobre María, plenamente probado”, afirmó.
Talamonti recordó que a fines del 2015 salió un dictamen del Inadi “en donde claramente reprocha la conducta del señor Bordón, lo califica como discriminatorio y como violencia de género”.
Agregó que luego “sorprendentemente en 2016”, el interventor del Inadi, Javier Buján, dictó una resolución donde se declara “la falta de fundamentación suficiente así como la incorrecta valoración de la prueba que arriba a la arbitrariedad y deja sin efecto el dictamen 466/2015 compartiendo todo y cada uno de los argumentos de otro dictamen 268/2016”. Y después ordenó a la Dirección de Asistencia a las Víctimas completar la investigación y dictaminar el expediente.
En base a esto, la Resolución de junio de 2016 “sorprendió e inclusive cuando nos enteramos porque no la habían notificado a María ni a la representación que tenía en el expediente, que esto fue una cuestión política manejada con el PRO, con la intervención del gobierno de Macri en el Inadi, tratando de dejar sin efecto un dictamen que estaba firme”.
Para Pérez Talamonti, inclusive dictaron este acto administrativo tratando de anular un dictamen “donde no tenía razón de ser el nuevo pronunciamiento”.
Según aseguró en la entrevista, “se robaron fojas del expediente, sacaron notificaciones, metieron escritos de Bordón sin fecha y aparecía como que Bordón se notificaba recientemente. Y ya estaba notificado; es más, ya había salido ya en los medios. Claramente todo esto estaba ya firme, inclusive nosotros ya estábamos avanzando con una acción penal y con una acción de daños y perjuicios. Pedíamos inclusive la intervención de la Legislatura y del Inadi Misiones”.
Fue entonces que tuvieron que volver todo para atrás “porque el expediente fue un desastre”.
Indicó que pidieron vista y suspensión de término “porque nos sorprendió muchísimo”. “Cuando vimos que faltaban presentaciones nuestras, planteamos un recurso contra esa resolución. Y en noviembre de 2018 otro Interventor, también del macrismo -observó-, revoca la resolución que tildábamos de nula y arbitraria, mantiene aquél dictamen en el cual claramente se hablaba de la discriminación y de la violencia de género que se había ejercido sobre María Losada. Esto es lo que está firme hoy en el expediente”.
El abogado de la ex legisladora manifestó que insisten en que se dicte el acto administrativo “porque esto es básicamente un dictamen del área pertinente del Inadi. Hasta ahora no conseguimos que se dicte pero estamos atrás del expediente para que esto suceda”.
En otro tramo de la nota con Seis Páginas TV, Pérez Talamonti recordó que a fines de 2019 -un año electoral- sucedió el cambio de Gobierno. “Entendíamos las demoras que podía haber pero empezamos a insistir nuevamente para que se dicte el acto administrativo. El expediente iba a Misiones y volvía. Entiendo que está en Buenos Aires. Estamos esperando que el Inadi dicte al acto administrativo, formule la denuncia penal”, insistió.
A juicio del profesional del Derecho, esto es responsabilidad de los funcionarios públicos por el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación que establece que todo funcionario público que tiene conocimiento de un delito en ejercicio de sus funciones tiene la obligación de denunciarlo penalmente.
“Nosotros estábamos esperando, María estaba esperando pero lo que pasa es que a veces nos sorprende alguna actividad que tiene que ver con algún acuerdo político que no se dan a conocer y que entendemos que a veces en esta clase de expedientes se dan a menudo”, enfatizó Pérez Talamonti.
En este contexto, manifestó que cuando sucedió el ataque al Inadi en Misiones el fin de semana pasada “nos llamó poderosamente la atención, esto es un hecho claramente grave. Y sobre todo ese cuchillo sobre la mesa es una clara amenaza”.
“Entiendo que la titular del Inadi Misiones (por Silvia Risko)” va a pedir a la Justicia las investigaciones y esperamos que se pueda llegar a determinar quiénes fueron los responsables, los autores materiales e ideológicos de esto”, sentenció.