Las apoderadas de Aguas Misioneras SE (AMSE), describieron en la nueva denuncia los daños que habría causado la aprobación y ejecución del proyecto Acquacoins en la gestión del expresidente Jorge Galeano, con apoyo de César Menem y María Isabel Ghiglione. ¿A un paso de la cárcel?
Entre todos los ítems, es que la actual administración de la empresa estatal entiende que los exfuncionarios deben responder con su patrimonio por casi 9 millones de pesos.
• Daño emergente: “… patrimonial material, estrictamente hablando, ocasionado a AMSE por el actuar ilícito, antijurídico y culpable de los demandados, que se les reclama solidariamente”.
Dentro de este ítem, a su vez, se denunció el “daño derivado de la preventa”.
“Hay daño a la empresa en las ventas anticipadas de los tokens, desde el momento en que la preventa se publicitó por el 50% del valor real del token y a su vez cuando se efectuaron ventas de paquetes con porcentajes de descuento sobre el valor del lanzamiento. Recuérdese que el precio de los Acquacoins estaba ligado al valor del metro cúbico de agua dulce con fines económicos. Entonces los terceros que adquirieron tokens, con esos descuentos a menor valor, tendrían derecho a reclamar a AMSE el total. Esa diferencia constituye pasivo para AMSE, que tendrá que hacer frente”.
Agregaron que “por otra parte, se han vendido 10 paquetes. De los cuales ocho paquetes se denominaban Silver con un descuento del 10%, y dos paquetes denominados Silver Premium con un descuento del 20% del valor total de lanzamiento. Eso arrojó un ingreso en pesos de $826.187,50.
Asimismo, se han efectuado ventas unitarias con descuentos del 50% del valor del precio de lanzamiento de los tokens; en ingresos se traduce en un monto de $387.176,24. En total se llegaron a vender 24.555 tokens. Sin embargo, por ambas operaciones -efectuadas con los descuentos mencionados correspondientes en cada una de esas ventas y tomando en consideración el valor del dólar oficial al día de la fecha- la empresa debería reintegrar a los tenedores de tokens la suma de $2.629.631, lo que nos arroja una pérdida total de $1.415.373,23”, detallaron.
• Las regalías (20%) que Galeano cedió a Torre: “La mandataria ha percibido un pago en concepto de regalías por el contrato mulo, en el mes de junio (según consta en la factura emitida por la referida) por una suma $265.889”.
Como prueba, se acompañó una factura original emitida por Torre y un informe del contador Osiris Olivera sobre dicha transacción.
Los denunciantes atacaron en reiteradas oportunidades el porcentaje dado por Galeano a Torre, poniendo ejemplos de las comisiones que otras plataformas cobran por similares transacciones que suelen ser de un dígito.
• Adelanto por el desarrollo del proyecto: tal como se reveló en la denuncia penal, se adelantó a Gloria Torre para iniciar el proyecto Acquacoins hasta su lanzamiento, “lo que representa una suma total de U$S10.000, los cuales fueron abonados por AMSE, en pesos en el equivalente de $1.934.000 en cinco pagos, dos facturaciones de $367.000 y tres facturaciones finales de $400.000”.
Como prueba, en la denuncia se sumó un informe emitido por el contador Aníbal Chamorro.
• Gastos operativos: se citan las comisiones absorbidas por Mercado Pago. “Por cada venta de token realizada, la billetera virtual denominada Mercado Pago, realizaba una retención por cada transacción de un porcentaje estimativo del 7%, lo que arroja una suma total de $67.837,06 ocasionando una pérdida de dinero efectiva a AMSE en cada operación”, aseguraron.
• Daño a la imagen de la empresa, prestigio comercial: “Con este proyecto fallido AMSE ha sufrido un perjuicio indirecto por la afectación de su buen nombre, prestigio, probidad comercial, reputación e imagen. En efecto, es de público y notorio que la empresa ha quedado envuelta en este proyecto inviable y disvalioso, habiéndose inclusive comercializado 24.555 tokens a diferentes adquirentes. Si en un futuro AMSE considerara incursionar en forma seria en cualquier otro negocio -dentro de su objeto social- del ámbito de los activos digitales o similares el público, proveedores, etc. inevitablemente recordarán negativamente los actos antijurídicos llevados a cabo por los demandados”, advirtieron las denunciantes. “No menos cierto es que, además, los demás rubros de la empresa se verán afectados. Y como derivación de todo esto, del accionar de los demandados, es altamente probable que la empresa del estado se pierda de ganar dinero, al perder ventas y clientes. El nombre de la empresa integra su patrimonio, es decir que de alguna forma se encuentra en su balance como un activo con un determinado valor. Toda esta situación ha llevado a, valga la redundancia, la esvalorización del mismo”, agregaron.
¿A un paso de la cárcel?
Tal como lo anticipó el diario Primera Edición el pasado domingo 4 de septiembre, el expresidente de Aguas Misioneras SE (AMSE), Jorge Lisandro Galeano, fue denunciado por segunda vez por la nueva conducción de la empresa del Estado que comercializa la marca “Aguas de las Misiones”.
Esta vez, se trata de una demanda en el fuero Civil y Comercial y será la jueza Gabriela Canalis la que deba investigar la presentación realizada por las apoderadas de la AMSE el lunes 12 de septiembre pasado.
En la misma, a la que accedió Primera Edición, se pide investigar no sólo al exdiputado Galeano, sino también a los exdirectores César Edil Menem y María Isabel Ghiglione por la demanda de acción societaria de responsabilidad que les cabe en el escandaloso negocio de las Acquacoins que podrían costarle al Estado misioneros varios millones de pesos.
A su vez, solicitaron a la mencionada magistrada que se investigue a la exapoderada de la AMSE y, finalmente, administradora de las Acquacoins por la presunta responsabilidad civil por incumplimiento contractual y de consecuente nulidad.
En el escrito, las abogadas María Fernanda Ordoñez y María Sol Irrazabal por AMSE, pidieron a la jueza Canalis que declare la nulidad de los actos jurídicos o contrato que componen el “Proyecto Acquacoins”, “condenando a los demandados en forma solidaria al resarcimiento de los daños y perjuicios reclamados, intereses de ley y costas”.
La cifra inicial que el Estado misionero reclama a los denunciados es de casi 9 millones de pesos.
Esta nueva presentación se suma a la denuncia penal contra los cuatro mencionados, radicada a fines de agosto en el Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, a cargo de Fernando Verón, quien se encontraba de turno en esa fecha. Se los acusó de presunta administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
Lealtad, buena fe y buen hombre de negocios
En la denuncia de 48 páginas, las abogadas de AMSE hicieron un pormenorizado alegato de los “excesos” de los demandados con el proyecto Acquacoins.
Para el Gobierno, según fuentes consultadas por este Diario, habrían existido “al menos dos actuaciones jurídicas ilícitas: la del presidente del directorio, que no cumplió con sus deberes de lealtad y diligencia de buen hombre de negocios que le impone la Ley de Sociedades; y la de la mandataria (por Torre) que violó también sus deberes de lealtad y buena fe”.
Sostuvieron que en la intervención de los exdirectores para sellar el proceso contractual y contratación surgen “una ineficacia y nulidad” del acuerdo comercial.
Al igual que en la demanda penal, se insistió en el conflicto de intereses en que habrían caído Galeano y Torre porque:
• Torre era apoderada de la empresa que dirigía Galeano.
• El trato como “tío” y “sobrina” (entre comillados porque no existe certeza si hay un lazo sanguíneo o del corazón) entre ambos, que se expone como relación de cercanía como base de un contrato denunciado por posponer los intereses del Estado en pos de la letrada, en medio de una delicada situación financiera de la AMSE.
“Además, al ser su ‘sobrina’, el presidente del directorio estaba incurso también él en un conflicto de intereses con la sociedad, en los términos del art. 272 de la Ley General de Sociedades, ya que es de suponer que estaría interesado en que su familiar obtuviese beneficios o mejoras en la contratación, los que inevitablemente se contrapondrían a los de AMSE. Por lo tanto debió abstenerse de intervenir desde el principio. Básicamente puede considerarse como propio el interés de su “sobrina” y allí entra a jugar también el art. 1002 inciso a) del Código Civil y Comercial”, reza la demanda.
“Está claro que los demandados pretendieron comprometer a la empresa en un contrato con objeto ilegal (indirecta transferencia del 20% de la explotación del agua del Acuífero Guaraní a una persona no designada legalmente para ello) y conjuntamente con causa ilícita, un ‘negocio’ altamente riesgoso sobre ‘activos’ de dudosa legalidad; reconociendo la propiedad del mismo a la cocontratante, comprometiendo fortunas de dinero de la empresa únicamente por la cesión de los presuntos derechos; con cláusulas y adendas abusivas y desproporcionadas todas a favor de la cocontratante, en otras palabras todo se haría con un montón de plata de la empresa y esta no sería dueña de nada, ni de la marca, di del proyecto, sólo se le cedería su uso, aunque pagaría todo el desarrollo (anticipadamente), la promoción, la ‘desarrolladora’ no asumía ningún riesgo puesto que todo se garantizaba con el valor del agua del acuífero, y estaría expuesta a pagar exorbitantes indemnizaciones, multas e intereses abusivos ante el más mínimo incumplimiento, etc. Semejante ‘negocio’ al menos debía ser sometido a la consideración, análisis y aprobación del dueño de la empresa, es decir el Estado Misionero, titular de los certificados nominativos (equivalentes a acciones) del capital social”, sentenciaron en el Gobierno en el escrito judicial.
Negocio de riesgo
En varios tramos de la demanda civil, las letradas firmantes por el Estado misionero, hicieron alusión a la falta de previsibilidad por parte de los exdirectores, del riesgo que se tomaba con el negocio de las Acquacoins.
A tal punto, que observaron la posibilidad de llevar a la AMSE a la quiebra ante una “corrida” en el mercado al que ingresaban con las criptomonedas.
“Otra observación que un ‘buen hombre de negocios’ debería haber tenido en cuenta y ni hablar de un funcionario del Estado Provincial ¿qué pasaría si por cualquier situación en el mercado de criptomonedas, tokens, etc. se produjese alguna ‘corrida’ y todos los tenedores o una gran mayoría de ellos se presentaran a reclamar a AMSE el 100% del metro cúbico de agua a la vez? Sería una situación catastrófica que llevaría sin lugar a dudas al quebranto de la empresa. Que ello pudiera suceder tiene una probabilidad muy alta en este tipo de mercados tan volátiles, de hecho ha sucedido en ocasiones anteriores, ya que es de público y notorio conocimiento que los activos digitales presentan no una tremenda volatilidad y se consideran ‘inversiones’ o ‘activos’ de altísimo riesgo, altamente manipulables, no estando exentas de estos vaivenes ni siquiera las llamadas ‘stablecoins’ (criptomonedas estables, que están ligadas al valor de otro activo, como el dólar, el oro, el agua como en este caso, etc.)”, explicaron al momento de plantear ese riesgo.
A la espera de medidas del juez Verón
En el Gobierno esperan conocer qué medidas adoptará el Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, tras la presentación el pasado 31 de agosto de la denuncia penal contra Jorge Galeano, César Menem y María Isabel Ghiglione, además de la abogada Gloria Torre, por el escándalo de las criptomonedas Acquacoins.
Según pudo saber este Diario, el expediente se encuentra en análisis de la Fiscalía que podría proponer una serie de medidas al juez Fernando Verón respecto de la misma.
El escrito contra los exfuncionario tiene 27 páginas, firmadas por el contador Ángel Ismael Vallejos Larrea (sucesor de Galeano al frente de Aguas Misioneras) con el patrocinio de las abogadas María Fernanda Ordoñez y María Sol Irrazábal.
Fue acompañado de 15 documentos anexos, entre los que se encuentran varias actas de asambleas; el informe de auditoría inicial de la gestión posterior a la de Galeano; informe sobre el estado de situación del proyecto “Acquacoins”; copia del Poder General y de la devolución (revocación) del mismo a la abogada Gloria Torre; 24 copias de facturas por honorarios profesionales a la mencionada letrada; actuaciones judiciales de la misma en favor de AMSE; copia de las polémicas decisiones oficiales que el directorio conformado por los ahora denunciados, tomaron respecto de las criptomonedas; entre otros.
